¿Qué es la carga pública?
Los funcionarios de inmigración utilizan el término "carga pública" o "prueba de carga pública". La prueba de carga pública se utiliza para decidir si una persona puede ingresar a los Estados Unidos (EE. UU.) o calificar para el estatus de residente permanente legal de EE. UU. (recibir una tarjeta verde o “green card” en inglés).
Según la regla del 2022, los oficiales de inmigración considerarían a alguien que no es ciudadano como una "carga pública" si es probable que dependa del gobierno para cosas como:
- Asistencia de dinero en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y otros programas estatales de asistencia de dinero en efectivo, tribales, territoriales o locales (a menudo llamados programas de "Asistencia General").
- Atención a largo plazo que el gobierno paga para las personas que viven en un centro de atención, como hogares de ancianos o centros de salud mental.
La prueba de carga pública analiza todas las circunstancias de la persona, no solo una cosa.
Personas que no son ciudadanas pueden acceder de manera segura a los beneficios de salud pública, nutrición, vivienda y Medicaid (excepto en el caso de un centro de atención a largo plazo). Esto incluye pruebas, tratamiento y vacunas contra el COVID-19 cubiertas por el Plan de Salud de Oregon (OHP, por sus siglas en inglés). Estos beneficios no forman parte de la prueba de carga pública.
Para obtener más información, consulte los recursos a continuación y visite la
página de Recursos de carga pública del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Descargo de responsabilidad: este documento no es un consejo legal. Aquellas personas que tengan preocupaciones por cómo los beneficios públicos podrían afectar su estatus migratorio deben consultar con un abogado de inmigración.
Esta prueba se basa en lo siguiente de la persona:
- “Edad; salud; estado familiar; bienes, recursos y situación financiera; y educación y habilidades", según lo exige la ley federal de inmigración;
- Formulario I-864 completo (Declaración jurada de apoyo), presentado en nombre de la persona cuando lo exige la ley federal de inmigración;
- Haber recibido en el pasado o actualmente asistencia de dinero en efectivo y atención en un centro a largo plazo pagada por el gobierno.
Esta prueba no considera:
- Beneficios recibidos por los familiares de la persona.
- Beneficios no monetarios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el Programa de Seguro Médico para Niños, Medicaid (excepto para atención en un centro a largo plazo), beneficios de vivienda, vacunas y pruebas de enfermedades transmisibles u otros beneficios suplementarios o de propósito especial.
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En el pasado
El 13 de marzo del 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que no consideraría las pruebas, el tratamiento ni la atención preventiva (incluyendo las vacunas) relacionadas con el COVID-19 como parte de una determinación de carga pública. Esto incluye la atención pagada por Medicaid, también conocido como el Plan de Salud de Oregon.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) anunciaron que la regla ampliada de carga pública ya no está en vigor. En su lugar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está aplicando la política que estaba vigente antes de que entrara en vigor la regla ampliada de carga pública. Esto significa que el DHS no considera los beneficios de Medicaid, la asistencia nutricional o la asistencia para la vivienda como parte de las determinaciones de carga pública. Obtenga más información en este resumen del Boletín informativo del 22 de julio de los CMS.
El 8 de septiembre del 2022, el USCIS emitió una regla final de carga pública que entrará en vigor el 23 de diciembre del 2022. La nueva regla restablece el concepto histórico de “carga pública" que ha estado en vigor desde 1999. Entre ahora y el 23 de diciembre del 2022, el gobierno de los EE. UU. seguirá las políticas de carga pública que han estado en vigor desde 1999.
La regla del 2019, que ahora ha sido anulada y ya no está en vigor, dio lugar a una disminución en las inscripciones en programas de salud y bienestar entre las personas que no estaban sujetas al motivo de inadmisibilidad por carga pública, tales como los niños ciudadanos estadounidenses en hogares de estatus mixto. La nueva norma del gobierno federal evita estos efectos al codificar formalmente el termino como era conocido históricamente.